Fuente: Pagina 12
Nueva fundación en el ámbito porteño
Más de 600 personas asistieron al lanzamiento de la Fundación para el Análisis de Políticas Públicas (Fappu), un proyecto de jóvenes profesionales que apunta a generar propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de los porteños en ejes como vivienda, desarrollo económico, seguridad y transporte.
El secretario de Fappu, Leonardo Boto, director ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), definió esta iniciativa como “un espacio para pensar la ciudad”. “Soñamos una Buenos Aires donde palabras como justicia social, solidaridad, compromiso y eficiencia sean, de verdad, el centro de acción de un proyecto integrador y convocante”, agregó Boto.
El lanzamiento se realizó en el hotel NH City. Entre los asistentes estuvieron José Luis Gioja, Martín Redrado, Enrique Meyer, Daniel Filmus, Jorge Telerman, Nacha Guevara, Víctor Santa María, Andrés Rodríguez, Juan Manuel Olmos y Juan Cabandié, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.
En su discurso, Boto afirmó que “Fappu aspira a ser un lugar de encuentro para cientos de jóvenes, cientos de profesionales, peronistas y no peronistas. Con militancia, cerebro, corazón y pasión, donde se piensen políticas de verdad para nuestra ciudad”. En este sentido, el dirigente porteño marcó las diferencias entre la visión de la flamante Fundación y una gestión del actual Gobierno de la Ciudad, que definió como “tibia, gris y mezquina en su accionar”. Entre los proyectos para el corto y mediano plazo, adelantó que Fappu presentará un observatorio para la evolución presupuestaria de la ciudad, un plan para urbanizar en seis años los barrios precarios y una estrategia de articulación con distintos sectores para terminar de tratar la cuestión de la seguridad como “un mero tema policial”.
jueves, 5 de noviembre de 2009
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Un hotel boutique y su Link algo poco conocido
Hola blogueros:
Les dejo un link a algo que desconocía: un hotel boutique que ocupa entre hotelería, oficinas, amenities,etc 3.800 metros y, por lo que veo está en el corazón de Monserrat en "contacto cara a cara" -dice- con la Iglesia de San Francisco ("frente al proyecto") y Santo Domingo, la Manzana de las Luces,cerquita del Cabildo,cercana al Palacio Raggio, al Museo de la Ciudad y a la Puerto Rico.¿ Serà la esquina y laterales de Defensa y Alsina? Si es asìafectaría la Casa de la Ezcurra y la de Eloriaga. Por favor, miren el proyecto y traten de verificar la dirección si pueden dejen algun comentario en la entrada al blog asi vamos viendolo entre todos.
http://www.goreales tate.com. ar/PDF/La- Defensa.pdf
Les dejo un link a algo que desconocía: un hotel boutique que ocupa entre hotelería, oficinas, amenities,etc 3.800 metros y, por lo que veo está en el corazón de Monserrat en "contacto cara a cara" -dice- con la Iglesia de San Francisco ("frente al proyecto") y Santo Domingo, la Manzana de las Luces,cerquita del Cabildo,cercana al Palacio Raggio, al Museo de la Ciudad y a la Puerto Rico.¿ Serà la esquina y laterales de Defensa y Alsina? Si es asìafectaría la Casa de la Ezcurra y la de Eloriaga. Por favor, miren el proyecto y traten de verificar la dirección si pueden dejen algun comentario en la entrada al blog asi vamos viendolo entre todos.
http://www.goreales tate.com. ar/PDF/La- Defensa.pdf
martes, 3 de noviembre de 2009
Recibirán ayuda oficial más de 100 planes culturales
Fuente: LA NACION, BA
Susana Reinoso
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, lo llamó "la criatura", y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, "el bebito". Ambos se refirieron ayer a la puesta en marcha real del mecenazgo en Buenos Aires, con la aprobación de 128 proyectos culturales, que incluyen realizaciones audiovisuales y programas de investigación y publicaciones, entre otras propuestas.
Los proyectos fueron aprobados por el Consejo de Promoción Cultural, por unanimidad, y los consejeros alternos de cada disciplina, por un monto total de $ 10,7 millones.
Lo novedoso del anuncio, que convocó a una nutrida concurrencia en el Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones (Cedip) del Centro Cultural Recoleta, es que por primera vez echa a andar en la Argentina una estrategia de financiamiento de proyectos culturales que proviene directamente de los contribuyentes.
El total del monto alcanzado por las 342 propuestas presentadas al Consejo, que preside Natu Poblet, dueña de Clásica y Moderna, fue de $ 47,9 millones. Lombardi explicó que habrá una revisión del resto de las iniciativas que no fueron promulgadas por la cartera a su cargo, para ir ampliando en los próximos meses la base de proyectos financiados por el régimen de mecenazgo.
Entre las categorías más favorecidas hay 51 proyectos teatrales, 48 de artes visuales, 52 de artes audiovisuales y digital, 48 de música académica, 38 de patrimonio cultural, 28 de publicaciones, medios e Internet y otros 28 de música popular. También se aprobaron 22 propuestas de literatura, 13 de danza y otras de circo y murgas, diseño y artesanías.
Entre las iniciativas seleccionadas figuran el proyecto de arte audiovisual y digital "Ficciones", de Edgardo Cozarinsky, con $ 100.000. También resultó aprobada la iniciativa "Viaje sentimental", de la realizadora Verónica Chen, con $ 94.097. La Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba) obtuvo financiamiento para la investigación y producción de la Colección Patrimonial del museo, por $ 480.000. En tanto, la artista plástica Nora Iniesta resultó favorecida con $ 94.000 para financiar el proyecto "Curiociudades. La patria encontrada".
En el área literaria, el periodista y traductor Andrew Graham-Yooll fue elegido con el proyecto "Poetas argentinos para el siglo XXI", con $ 17.120. En tanto Paula Furman obtuvo $ 80.400 para la revista En los Bordes Andando.
En la categoría de música académica, la Asociación Aijai logró el patrocinio por $ 500.000 para el Primer Concurso Internacional de Violín de Buenos Aires. Y la Sociedad de Arquitectos fue seleccionado con el proyecto de diseño "Arqadia", con $ 370.350.
Según se explicó, a cada proyecto se le abrirá una cuenta en el Banco Ciudad, y cuando se llegue a cubrir el 80% del financiamiento previsto el programa se pondrá en marcha.
Para los barrios porteños
Varias propuestas de asociaciones civiles barriales resultaron aprobadas con distintos montos, de acuerdo con cada categoría. Los de música popular y patrimonio cultural tuvieron montos más altos que, por ejemplo, la mayoría de los de literatura.
Macri y Lombardi destacaron que tanto el Consejo de Promoción Cultural como los consejeros alternos habían trabajo duramente para desbrozar el fárrago de iniciativas que llovieron sobre el debutante mecenazgo. Y Natu Poblet destacó el "buen trabajo en equipo" realizado por los consejeros, que proceden de distintas disciplinas y de diferentes posturas políticas.
"Este es un momento trascendente para el financiamiento de la cultura y esperamos que esto prenda también en otras provincias y en el orden nacional. El mecenazgo involucra directamente a los ciudadanos de Buenos Aires", dijo Lombardi.
Macri, por su parte, destacó "la enorme capacidad creativa que hay en la ciudad. Esto dinamizará la cultura en Buenos Aires, que ofrecerá más contenidos. A la violencia que nos quiere invadir la enfrentaremos con más cultura".
Susana Reinoso
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, lo llamó "la criatura", y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, "el bebito". Ambos se refirieron ayer a la puesta en marcha real del mecenazgo en Buenos Aires, con la aprobación de 128 proyectos culturales, que incluyen realizaciones audiovisuales y programas de investigación y publicaciones, entre otras propuestas.
Los proyectos fueron aprobados por el Consejo de Promoción Cultural, por unanimidad, y los consejeros alternos de cada disciplina, por un monto total de $ 10,7 millones.
Lo novedoso del anuncio, que convocó a una nutrida concurrencia en el Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones (Cedip) del Centro Cultural Recoleta, es que por primera vez echa a andar en la Argentina una estrategia de financiamiento de proyectos culturales que proviene directamente de los contribuyentes.
El total del monto alcanzado por las 342 propuestas presentadas al Consejo, que preside Natu Poblet, dueña de Clásica y Moderna, fue de $ 47,9 millones. Lombardi explicó que habrá una revisión del resto de las iniciativas que no fueron promulgadas por la cartera a su cargo, para ir ampliando en los próximos meses la base de proyectos financiados por el régimen de mecenazgo.
Entre las categorías más favorecidas hay 51 proyectos teatrales, 48 de artes visuales, 52 de artes audiovisuales y digital, 48 de música académica, 38 de patrimonio cultural, 28 de publicaciones, medios e Internet y otros 28 de música popular. También se aprobaron 22 propuestas de literatura, 13 de danza y otras de circo y murgas, diseño y artesanías.
Entre las iniciativas seleccionadas figuran el proyecto de arte audiovisual y digital "Ficciones", de Edgardo Cozarinsky, con $ 100.000. También resultó aprobada la iniciativa "Viaje sentimental", de la realizadora Verónica Chen, con $ 94.097. La Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba) obtuvo financiamiento para la investigación y producción de la Colección Patrimonial del museo, por $ 480.000. En tanto, la artista plástica Nora Iniesta resultó favorecida con $ 94.000 para financiar el proyecto "Curiociudades. La patria encontrada".
En el área literaria, el periodista y traductor Andrew Graham-Yooll fue elegido con el proyecto "Poetas argentinos para el siglo XXI", con $ 17.120. En tanto Paula Furman obtuvo $ 80.400 para la revista En los Bordes Andando.
En la categoría de música académica, la Asociación Aijai logró el patrocinio por $ 500.000 para el Primer Concurso Internacional de Violín de Buenos Aires. Y la Sociedad de Arquitectos fue seleccionado con el proyecto de diseño "Arqadia", con $ 370.350.
Según se explicó, a cada proyecto se le abrirá una cuenta en el Banco Ciudad, y cuando se llegue a cubrir el 80% del financiamiento previsto el programa se pondrá en marcha.
Para los barrios porteños
Varias propuestas de asociaciones civiles barriales resultaron aprobadas con distintos montos, de acuerdo con cada categoría. Los de música popular y patrimonio cultural tuvieron montos más altos que, por ejemplo, la mayoría de los de literatura.
Macri y Lombardi destacaron que tanto el Consejo de Promoción Cultural como los consejeros alternos habían trabajo duramente para desbrozar el fárrago de iniciativas que llovieron sobre el debutante mecenazgo. Y Natu Poblet destacó el "buen trabajo en equipo" realizado por los consejeros, que proceden de distintas disciplinas y de diferentes posturas políticas.
"Este es un momento trascendente para el financiamiento de la cultura y esperamos que esto prenda también en otras provincias y en el orden nacional. El mecenazgo involucra directamente a los ciudadanos de Buenos Aires", dijo Lombardi.
Macri, por su parte, destacó "la enorme capacidad creativa que hay en la ciudad. Esto dinamizará la cultura en Buenos Aires, que ofrecerá más contenidos. A la violencia que nos quiere invadir la enfrentaremos con más cultura".
lunes, 2 de noviembre de 2009
El que daña debe restaurar
Fuente: La Nacion Opinión, BA, Lunes 02.11.2009
Gustavo C. R. Vera
Para LA NACION
No caben dudas de que la protección del ambiente debería constituir una de las principales preocupaciones de la humanidad. Tanto el Estado como los habitantes debemos tomar conciencia de que el daño que se provoca al ambiente, al ecosistema, en fin, a nuestro planeta, no es gratuito, y que la naturaleza, más temprano que tarde, habrá de reclamar por los desatinos que en su contra -involuntaria o voluntariamente- ha venido cometiendo el hombre a lo largo de su historia.
El suelo, el agua, el aire y las especies de este planeta han sufrido o sufren permanentes y desmedidos ataques de parte de inescrupulosos intereses que actúan de manera egoísta y sin un sentido de pertenencia como si no habitaran en este mundo. Ante esto, algunos países han tomado nota de los peligros que trae consigo el descuido, cuando no el desprecio, por el lugar en el que vivimos, y por ello, desde hace ya algunos años, se han ocupado en introducir reformas legislativas dirigidas a protegerlo y a prevenir, cuando no a reparar, los daños que sufra, además de la creación de agencias estatales destinadas a vigilar el cumplimento de esa normativa.
La Argentina, tras la reforma de la Constitución nacional de 1994, ha incorporado al antiguo texto de 1853-60, en el nuevo artículo 41, el reconocimiento del derecho de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, con el correlativo deber de las actividades productivas de preservarlo, sin perjuicio de su derecho a desarrollar su objeto productivo siempre y cuando no se comprometa el medio ambiente frustrando el derecho de las generaciones futuras. La reforma constitucional incorpora así el concepto moderno de desarrollo sustentable.
La norma en cuestión es de las denominadas programáticas, cuya operatividad dependerá de la legislación inferior que dicten tanto la Nación como las provincias, e impone al Estado la obligación de proveer a: 1) la protección de los derechos en materia ambiental; 2) la utilización racional de los recursos naturales; 3) la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica; 4) la información y educación ambientales. Finalmente, y antes de establecer la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos peligrosos y radiactivos, dispone la obligación prioritaria de recomponer el daño ambiental, lo que permite afirmar que no se limita sólo a regular su prevención, sino que se ocupa, cuando ésta fracasa, en su reparación.
En relación con esto último, en 2002 entró en vigor la ley 25.675 conocida como ley general del ambiente. La norma, refirmando la obligación de recomponer los daños ambientales provocados, establece en el artículo 22 que toda persona física o jurídica que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos debe "contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir".
La referida recomposición va más allá del mero resarcimiento monetario, ya que garantiza, además, la realización de acciones de remediación ambiental; las compañías autorizadas a emitir la póliza deben contar con la factibilidad y operatividad técnica suficiente para llevar a cabo tales acciones.
La obligación de asegurar ha sido ampliamente reconocida, tanto legislativa (ley 25.670 de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB; ley 25.612 de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios) como judicialmente (CSJN, autos Mendoza, Beatriz Silvia y Ot. c/ Estado Nacional y Ot. s/daños y perjuicios, daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo; Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, autos Asoc. para la Protección Medioamb. c/Fisco de la Provincia de Bs. As. y Ot. s/ Materia a Categorizar).
Pero aun reconociendo la claridad de las normas mencionadas y la vigencia del imperativo legal de asegurar, los obligados se muestran sumamente reticentes. Algo que implica un alto riesgo, ya que, verificado que sea el daño, su reparación deberá ser asumida por quien lo haya ocasionado; pero si éste no ha contratado el seguro de marras, dicha reparación puede llegar a frustrarse en caso de que no cuente con suficiente solvencia.
Sin embargo, y aun conociendo los beneficios perseguidos por la ley, algunas empresas de las obligadas a contratar el seguro ambiental de incidencia colectiva alegan, aun en instancias judiciales, la inexistencia en el mercado asegurador de oferta suficiente, lo que ha sido desacreditado por la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, que hasta la fecha ha autorizado a distintas compañías para hacerlo.
A veces cuesta comprender la tozudez del pensamiento de algunos empresarios, y cuesta demasiado. No es sencillo entender las razones de su reticencia a adoptar medidas que persigan la preservación de nuestro hábitat, a menos que nos coloquemos en la vereda del más crudo neoliberalismo. Es decir, del lado del capitalismo más salvaje, en el que lo que importa es la máxima ganancia, aunque esa ganancia se lleve la vida del planeta. El incumplimiento manifiesto determinará la intervención de los jueces, que deberán actuar firmemente. Así lo requiere nuestra propia subsistencia.
En este punto, vale aclarar que no se trata de hacer de la ecología un obstáculo frustrante del progreso del hombre. Sólo se trata de adoptar las medidas necesarias para que la actividad productiva se desarrolle sin generar daños al ambiente o, generado que fuera, adopte las acciones destinadas a su recomposición.
Ese es el sentido que el constituyente del año 94 le dio a la norma del artículo 41, al incorporar este derecho de tercera generación que, como se ha dicho, se preocupa, en esencia, de las garantías ecológicas de los derechos económicos (Eduardo Pablo Jiménez, "El derecho a vivir en un ambiente sano en el marco del desarrollo sostenible", en Competencias ambientales , Abeledo Perrot, edición 2008, pág. 21).
Es hora de que se haga realidad la norma constitucional y que sus preceptos no queden en letra muerta. Que el tan ansiado y esperado desarrollo llegue de la mano de un tratamiento responsable de la cuestión ambiental y que la idea de desarrollo sustentable no quede en una simple declaración de principios. Debe ser el compromiso de todos. Debemos defender nuestro ecosistema "para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".
© LA NACION
El autor fue presidente del Consejo de la Magistratura de Santa Fe
Gustavo C. R. Vera
Para LA NACION
No caben dudas de que la protección del ambiente debería constituir una de las principales preocupaciones de la humanidad. Tanto el Estado como los habitantes debemos tomar conciencia de que el daño que se provoca al ambiente, al ecosistema, en fin, a nuestro planeta, no es gratuito, y que la naturaleza, más temprano que tarde, habrá de reclamar por los desatinos que en su contra -involuntaria o voluntariamente- ha venido cometiendo el hombre a lo largo de su historia.
El suelo, el agua, el aire y las especies de este planeta han sufrido o sufren permanentes y desmedidos ataques de parte de inescrupulosos intereses que actúan de manera egoísta y sin un sentido de pertenencia como si no habitaran en este mundo. Ante esto, algunos países han tomado nota de los peligros que trae consigo el descuido, cuando no el desprecio, por el lugar en el que vivimos, y por ello, desde hace ya algunos años, se han ocupado en introducir reformas legislativas dirigidas a protegerlo y a prevenir, cuando no a reparar, los daños que sufra, además de la creación de agencias estatales destinadas a vigilar el cumplimento de esa normativa.
La Argentina, tras la reforma de la Constitución nacional de 1994, ha incorporado al antiguo texto de 1853-60, en el nuevo artículo 41, el reconocimiento del derecho de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, con el correlativo deber de las actividades productivas de preservarlo, sin perjuicio de su derecho a desarrollar su objeto productivo siempre y cuando no se comprometa el medio ambiente frustrando el derecho de las generaciones futuras. La reforma constitucional incorpora así el concepto moderno de desarrollo sustentable.
La norma en cuestión es de las denominadas programáticas, cuya operatividad dependerá de la legislación inferior que dicten tanto la Nación como las provincias, e impone al Estado la obligación de proveer a: 1) la protección de los derechos en materia ambiental; 2) la utilización racional de los recursos naturales; 3) la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica; 4) la información y educación ambientales. Finalmente, y antes de establecer la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos peligrosos y radiactivos, dispone la obligación prioritaria de recomponer el daño ambiental, lo que permite afirmar que no se limita sólo a regular su prevención, sino que se ocupa, cuando ésta fracasa, en su reparación.
En relación con esto último, en 2002 entró en vigor la ley 25.675 conocida como ley general del ambiente. La norma, refirmando la obligación de recomponer los daños ambientales provocados, establece en el artículo 22 que toda persona física o jurídica que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos debe "contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir".
La referida recomposición va más allá del mero resarcimiento monetario, ya que garantiza, además, la realización de acciones de remediación ambiental; las compañías autorizadas a emitir la póliza deben contar con la factibilidad y operatividad técnica suficiente para llevar a cabo tales acciones.
La obligación de asegurar ha sido ampliamente reconocida, tanto legislativa (ley 25.670 de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB; ley 25.612 de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios) como judicialmente (CSJN, autos Mendoza, Beatriz Silvia y Ot. c/ Estado Nacional y Ot. s/daños y perjuicios, daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo; Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, autos Asoc. para la Protección Medioamb. c/Fisco de la Provincia de Bs. As. y Ot. s/ Materia a Categorizar).
Pero aun reconociendo la claridad de las normas mencionadas y la vigencia del imperativo legal de asegurar, los obligados se muestran sumamente reticentes. Algo que implica un alto riesgo, ya que, verificado que sea el daño, su reparación deberá ser asumida por quien lo haya ocasionado; pero si éste no ha contratado el seguro de marras, dicha reparación puede llegar a frustrarse en caso de que no cuente con suficiente solvencia.
Sin embargo, y aun conociendo los beneficios perseguidos por la ley, algunas empresas de las obligadas a contratar el seguro ambiental de incidencia colectiva alegan, aun en instancias judiciales, la inexistencia en el mercado asegurador de oferta suficiente, lo que ha sido desacreditado por la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, que hasta la fecha ha autorizado a distintas compañías para hacerlo.
A veces cuesta comprender la tozudez del pensamiento de algunos empresarios, y cuesta demasiado. No es sencillo entender las razones de su reticencia a adoptar medidas que persigan la preservación de nuestro hábitat, a menos que nos coloquemos en la vereda del más crudo neoliberalismo. Es decir, del lado del capitalismo más salvaje, en el que lo que importa es la máxima ganancia, aunque esa ganancia se lleve la vida del planeta. El incumplimiento manifiesto determinará la intervención de los jueces, que deberán actuar firmemente. Así lo requiere nuestra propia subsistencia.
En este punto, vale aclarar que no se trata de hacer de la ecología un obstáculo frustrante del progreso del hombre. Sólo se trata de adoptar las medidas necesarias para que la actividad productiva se desarrolle sin generar daños al ambiente o, generado que fuera, adopte las acciones destinadas a su recomposición.
Ese es el sentido que el constituyente del año 94 le dio a la norma del artículo 41, al incorporar este derecho de tercera generación que, como se ha dicho, se preocupa, en esencia, de las garantías ecológicas de los derechos económicos (Eduardo Pablo Jiménez, "El derecho a vivir en un ambiente sano en el marco del desarrollo sostenible", en Competencias ambientales , Abeledo Perrot, edición 2008, pág. 21).
Es hora de que se haga realidad la norma constitucional y que sus preceptos no queden en letra muerta. Que el tan ansiado y esperado desarrollo llegue de la mano de un tratamiento responsable de la cuestión ambiental y que la idea de desarrollo sustentable no quede en una simple declaración de principios. Debe ser el compromiso de todos. Debemos defender nuestro ecosistema "para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".
© LA NACION
El autor fue presidente del Consejo de la Magistratura de Santa Fe
Desde mañana será doble mano un tramo de la Avenida Garay.
Fuente: Secretaria de Comunicacion Social GCBA
El Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó hoy que a partir de mañana, martes 3 de noviembre de 2009, a las 10 hs., en el marco del Plan de Reordenamiento de Tránsito, la Avenida Juan de Garay, se convertirá en doble mano de circulación general sin restricciones, entre las calles Combate de los Pozos y Lima Oeste.
Las líneas de colectivos que ahora circularán por Avenida Garay, descongestionando Pavón y Av. Brasil son:4, 12, 62, 84, 95 B, 97, 133, 143, 151 y 168 (ex 90).
De esta manera se convierte en una avenida de doble mano de circulación general. Además se agrega un giro a la calle Santiago del Estero.
No se permitirá el estacionamiento en Av. Juan de Garay de lunes a viernes de 7 a 21hs.
NOTA PARA LOS MEDIOS:
Con motivo de este anuncio, se informa a los medios de comunicación que desde las 9:30 horas podrán ubicar los móviles en la esquina de Combate de los Pozos y Avenida Juan de Garay.
El Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó hoy que a partir de mañana, martes 3 de noviembre de 2009, a las 10 hs., en el marco del Plan de Reordenamiento de Tránsito, la Avenida Juan de Garay, se convertirá en doble mano de circulación general sin restricciones, entre las calles Combate de los Pozos y Lima Oeste.
Las líneas de colectivos que ahora circularán por Avenida Garay, descongestionando Pavón y Av. Brasil son:4, 12, 62, 84, 95 B, 97, 133, 143, 151 y 168 (ex 90).
De esta manera se convierte en una avenida de doble mano de circulación general. Además se agrega un giro a la calle Santiago del Estero.
No se permitirá el estacionamiento en Av. Juan de Garay de lunes a viernes de 7 a 21hs.
NOTA PARA LOS MEDIOS:
Con motivo de este anuncio, se informa a los medios de comunicación que desde las 9:30 horas podrán ubicar los móviles en la esquina de Combate de los Pozos y Avenida Juan de Garay.
sábado, 31 de octubre de 2009
Entre muelas y demoliciones
Fuente Pagina 12
Los vecinos de Barracas tienen uno de los blogs más interesantes dedicados al patrimonio edificado. Y uno de los más llenos de opiniones. Esta semana tocaron el tema de los criterios de catalogación que se están usando en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales en una nota llamada “Arquitectos y odontólogos”, que vale la pena reproducir: “Desde la entrada en vigencia en la Ciudad de la ley 3056 cualquier edificio anterior a 1941 está preventivamente protegido y cualquier pedido de demolición debe ser antes autorizado por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales conformado por representantes de comisiones legislativas, colegios profesionales, organismos gubernamentales y entidades oficiales con incumbencia en patrimonio. El mencionado Consejo comenzó a establecer entonces los parámetros que determinaban cuándo un edificio “merecía” ser protegido o podía demolerse sin problemas.
“Quienes creímos que a partir de ese momento las demoliciones de casas de valor patrimonial se detendrían nos encontramos con la realidad de que el CAAP permite demoler mucho más de lo que efectivamente protege aplicando criterios cuando menos discutibles. Uno de ellos es el llamado de ‘muelas cariadas’. Con este curioso eufemismo se identifica a aquellos casos en los que una casa queda ‘atrapada’ entre dos edificios en altura. Esta situación, cada vez más frecuente, determina según el CAAP que no merezca ser protegida y se autorice su demolición.
“Los argumentos esgrimidos hacen referencia a la supuesta necesidad de homogeneizar los perfiles arquitectónicos ‘enrasando’ alturas, pero nada dicen del valor particular de cada pieza. Como si el haber tenido la desgracia de tener torres nuevas a sus lados la despojara de toda valía.
Dicen que ‘todo tiene que ver con todo’ y la capacidad de asombro no parece agotarse en ese sentido. ¡Ahora la culpa la tiene el dentista!”
Los vecinos de Barracas tienen uno de los blogs más interesantes dedicados al patrimonio edificado. Y uno de los más llenos de opiniones. Esta semana tocaron el tema de los criterios de catalogación que se están usando en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales en una nota llamada “Arquitectos y odontólogos”, que vale la pena reproducir: “Desde la entrada en vigencia en la Ciudad de la ley 3056 cualquier edificio anterior a 1941 está preventivamente protegido y cualquier pedido de demolición debe ser antes autorizado por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales conformado por representantes de comisiones legislativas, colegios profesionales, organismos gubernamentales y entidades oficiales con incumbencia en patrimonio. El mencionado Consejo comenzó a establecer entonces los parámetros que determinaban cuándo un edificio “merecía” ser protegido o podía demolerse sin problemas.
“Quienes creímos que a partir de ese momento las demoliciones de casas de valor patrimonial se detendrían nos encontramos con la realidad de que el CAAP permite demoler mucho más de lo que efectivamente protege aplicando criterios cuando menos discutibles. Uno de ellos es el llamado de ‘muelas cariadas’. Con este curioso eufemismo se identifica a aquellos casos en los que una casa queda ‘atrapada’ entre dos edificios en altura. Esta situación, cada vez más frecuente, determina según el CAAP que no merezca ser protegida y se autorice su demolición.
“Los argumentos esgrimidos hacen referencia a la supuesta necesidad de homogeneizar los perfiles arquitectónicos ‘enrasando’ alturas, pero nada dicen del valor particular de cada pieza. Como si el haber tenido la desgracia de tener torres nuevas a sus lados la despojara de toda valía.
Dicen que ‘todo tiene que ver con todo’ y la capacidad de asombro no parece agotarse en ese sentido. ¡Ahora la culpa la tiene el dentista!”
martes, 27 de octubre de 2009
La placita más cara sigue dando que hablar
Fuente: Página 12
Por Sergio Kiernan
Este miércoles, la Comisión de Espacio Público de la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes al Ejecutivo sobre las obras en la diminuta plaza de las Madres. Es apenas un triangulito de cemento y plástico con un par de árboles y un par de farolitas que divide el tránsito en Garay y Entre Ríos. Pero, chiquita como es, la placita tiene la distinción de haber costado un ojo de la cara a los contribuyentes porteños: se gastó algo más de medio millón de pesos en remodelar su veredita de cemento peinado y en instalarle sus dos faroles.
El pedido de informes fue iniciativa del diputado Fernando Cantero y se originó en las notas de este suplemento y su texto arranca recordando que “el sábado 4 de julio de 2009, bajo el título de ‘La plazoleta más cara de la ciudad’, se publica en m2 un artículo firmado por el arquitecto Marcelo L. Magadán en el cual expresa su preocupación por el alto costo que demandó la remodelación de la Plazoleta de la Madres ubicada en Avenida Juan de Garay 1801, entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos”. La comisión recuerda que el lugar tiene “37 metros cuadrados de tierra sin pasto, 63 metros cuadrados de pavimento de cemento peinado y dos columnas de alumbrado, lo que, de acuerdo con el autor, sumando cemento y tierra, son 100 metros cuadrados. Conclusión: $ 5328,50 el metro cuadrado de plazoleta remodelada”.
Como se informó en su momento, la nota hizo que el defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, iniciara dos semanas después una actuación, pidiendo explicaciones sobre los dineros gastados. El pedido de informes cita a Gómez Coronado y a nuestra nota del 19 de septiembre –aunque cita a este autor como “arquitecto”, cosa a desmentir con carácter de necesidad y urgencia–, donde se compara el costo de la obra en la plazoleta con la de la mucho mayor plaza Libertad. Resulta que la Libertad, que ocupa una manzana entera y no es un triangulito, costó apenas el triple.
Un indicio de las razones para la desmesura de costos es que la plaza grande fue atendida por la Ciudad por canales normales y licitaciones de rutina, mientras que la plazuela de Garay fue arreglada por una entidad inesperada. La obra fue licitada el año pasado por la Subsecretaría de Atención Ciudadana, entidad dedicada justamente a eso: dirige los CGP, recoge iniciativas, escucha quejas y sólo tiene que ver con algo pecuniario en el sentido de recoger iniciativas para el presupuesto participativo. De hecho, las únicas “obras” que se le conocen a la subsecretaría son cosas como pintar un club de barrio para los carnavales, en los que suele prestar escenarios y tiras de luces.
La obra fue adjudicada a una empresa con el notable nombre de Aventura Emprendimientos SA y terminó costando $ 532.850,50. Como dice Cantero y aprobaron los diputados de la comisión, “los trabajos allí realizados y el monto abonado a primera vista aparecen como desproporcionados, comparados con otras obras que está realizando el gobierno de la Ciudad en distintos espacios públicos”. Por eso piden al Ejecutivo que les envíe el pliego de licitación, el análisis de precios de las ofertas, la lista de insumos, el detalle del costo final por metro, la orden de compra y el detalle de lo que se pagó hasta ahora.
Como un pedido de informes de la Legislatura es un acto oficial y con plazo de treinta días, es posible que la subsecretaria de Atención Ciudadana, Gladys Esther González, finalmente salga de su pétreo silencio con respecto a esta obra tan cotizada. Gladys Esther no tiene la menor carrera en obras públicas, plazas ni cementos, pero fue directora por el PRO en el Banco Ciudad en tiempos de Jorge Telerman. Estuvo entonces a cargo de la publicidad del banco, con lo que se sabe que sí hizo licitaciones.
Y tal vez allí aprendió a guardar silencio: las notas sobre su placita ya activaron a la Defensoría del Pueblo y a la Legislatura, pero no a ella. Qué funcionaria tan discreta.
Por Sergio Kiernan
Este miércoles, la Comisión de Espacio Público de la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes al Ejecutivo sobre las obras en la diminuta plaza de las Madres. Es apenas un triangulito de cemento y plástico con un par de árboles y un par de farolitas que divide el tránsito en Garay y Entre Ríos. Pero, chiquita como es, la placita tiene la distinción de haber costado un ojo de la cara a los contribuyentes porteños: se gastó algo más de medio millón de pesos en remodelar su veredita de cemento peinado y en instalarle sus dos faroles.
El pedido de informes fue iniciativa del diputado Fernando Cantero y se originó en las notas de este suplemento y su texto arranca recordando que “el sábado 4 de julio de 2009, bajo el título de ‘La plazoleta más cara de la ciudad’, se publica en m2 un artículo firmado por el arquitecto Marcelo L. Magadán en el cual expresa su preocupación por el alto costo que demandó la remodelación de la Plazoleta de la Madres ubicada en Avenida Juan de Garay 1801, entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos”. La comisión recuerda que el lugar tiene “37 metros cuadrados de tierra sin pasto, 63 metros cuadrados de pavimento de cemento peinado y dos columnas de alumbrado, lo que, de acuerdo con el autor, sumando cemento y tierra, son 100 metros cuadrados. Conclusión: $ 5328,50 el metro cuadrado de plazoleta remodelada”.
Como se informó en su momento, la nota hizo que el defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, iniciara dos semanas después una actuación, pidiendo explicaciones sobre los dineros gastados. El pedido de informes cita a Gómez Coronado y a nuestra nota del 19 de septiembre –aunque cita a este autor como “arquitecto”, cosa a desmentir con carácter de necesidad y urgencia–, donde se compara el costo de la obra en la plazoleta con la de la mucho mayor plaza Libertad. Resulta que la Libertad, que ocupa una manzana entera y no es un triangulito, costó apenas el triple.
Un indicio de las razones para la desmesura de costos es que la plaza grande fue atendida por la Ciudad por canales normales y licitaciones de rutina, mientras que la plazuela de Garay fue arreglada por una entidad inesperada. La obra fue licitada el año pasado por la Subsecretaría de Atención Ciudadana, entidad dedicada justamente a eso: dirige los CGP, recoge iniciativas, escucha quejas y sólo tiene que ver con algo pecuniario en el sentido de recoger iniciativas para el presupuesto participativo. De hecho, las únicas “obras” que se le conocen a la subsecretaría son cosas como pintar un club de barrio para los carnavales, en los que suele prestar escenarios y tiras de luces.
La obra fue adjudicada a una empresa con el notable nombre de Aventura Emprendimientos SA y terminó costando $ 532.850,50. Como dice Cantero y aprobaron los diputados de la comisión, “los trabajos allí realizados y el monto abonado a primera vista aparecen como desproporcionados, comparados con otras obras que está realizando el gobierno de la Ciudad en distintos espacios públicos”. Por eso piden al Ejecutivo que les envíe el pliego de licitación, el análisis de precios de las ofertas, la lista de insumos, el detalle del costo final por metro, la orden de compra y el detalle de lo que se pagó hasta ahora.
Como un pedido de informes de la Legislatura es un acto oficial y con plazo de treinta días, es posible que la subsecretaria de Atención Ciudadana, Gladys Esther González, finalmente salga de su pétreo silencio con respecto a esta obra tan cotizada. Gladys Esther no tiene la menor carrera en obras públicas, plazas ni cementos, pero fue directora por el PRO en el Banco Ciudad en tiempos de Jorge Telerman. Estuvo entonces a cargo de la publicidad del banco, con lo que se sabe que sí hizo licitaciones.
Y tal vez allí aprendió a guardar silencio: las notas sobre su placita ya activaron a la Defensoría del Pueblo y a la Legislatura, pero no a ella. Qué funcionaria tan discreta.
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